El Estado social y democrático de Derecho reconoce como uno de sus pilares fundamentales la existencia de una Administración de Justicia eficaz, eficiente, inspirada en los principios de accesibilidad, transparencia, información y atención al ciudadano, y ello siempre enmarcado dentro del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Dicho esto, el ejercicio de la actividad jurisdiccional se convierte en un servicio público esencial que debe garantizar a los ciudadanos una correcta resolución de sus conflictos con las debidas garantías. En este sentido, cuando nos referimos a la Administración de Justicia, no es posible hablar en términos de beneficio o utilidad, sino de hacer accesible a todos los ciudadanos el valor justicia como proclama el artículo 1.1 CE, es decir, que no se trate de un mero servicio que optimice de forma individual el rendimiento, utilidad o ganancia para cada particular. Desde esta óptica, ¿qué nos parecería establecer una tasa o repercutir todo o parte del coste del servicio de policía a los ciudadanos que reclamen su servicio? Pues ni más ni menos esto es lo que se pretende con las reformas anunciadas por el Ministro de Justicia en días pasados.

La disposición final cuadragésima de la Ley de Economía Sostenible (LES), comúnmente conocida como LEY SINDE, viene a introducir importantes novedades jurídicas que pueden afectar a aquellas personas físicas o jurídicas que  desarrollen actividades mercantiles en la red.

Según estimaciones de la PMcM, la reducción de los plazos supuso un montante de 1.800 millones de euros en la mejora de pagos en el sector privado. La PMcM denuncia que las Administraciones Públicas han elevado el plazo medio de cobro efectivo, pasando de 154 días en 2009 a 157 en 2010.

El abandono de los puestos de trabajo por parte de los controladores el pasado día 3 de diciembre y el subsiguiente Real Decreto del pasado día 4 declarando el estado de alarma, plantean una pluralidad de problemas jurídicos y la necesidad por parte de decenas de miles de afectados de plantear reclamaciones por el padecimiento de numerosos perjuicios económicos, patrimoniales y morales. Descubra en este artículo la mejor manera de plantear su reclamación.

La virtualización es actualmente la solución TI más demandada y utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas como medida de consolidación y ahorro de costes ante la crisis. Su progresivo desarrollo ha hecho posible que el término “cloud computing” sea cada vez más escuchado en todo tipo de foros y debates del sector.