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Sentencias tributarias

Por lo que se refiere a la última jurisprudencia en materia tributaria, podemos destacar los siguientes pronunciamientos de nuestros tribunales:

- La sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de junio de 2005, que en materia de procedimientos de inspección, señala que la firma en conformidad de un acta, por los efectos determinantes que tiene respecto de los hechos, supone un acto de renuncia de derechos o expectativas, por lo que, en defensa de una más eficaz tutela judicial efectiva sin indefensión, parece lógico que se exija un poder de representación explícito para dicho acto, que garantice el conocimiento de la situación por el interesado y las posibilidades de defensa del mismo. Esta naturaleza del acta de conformidad es la más acorde también con lo establecido en el artículo 1.713 del Código Civil, en donde se exige, para transigir, mandato expreso.

- La sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2005, sobre responsabilidad tributaria de avalistas y fiadores. Entiende el alto tribunal que la obligación del avalista, en contraposición con la obligación tributaria principal del contribuyente, no tiene su origen en la ley, sino en un acuerdo de voluntades. Por tanto, las obligaciones que de ella derivan son ajenas a la obligación tributaria principal. Frente al requerimiento de la Administración, el avalista sólo puede comprobar si la obligación que garantiza ha sido incumplida, pero no puede pretender una revisión del procedimiento seguido con el obligado principal, que es lo que el recurrente sostiene.

- La sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de septiembre de 2005,  sobre devolución de ingresos indebidos derivada de una sentencia judicial. En el caso, una sentencia judicial condena a la Administración a la devolución de una cantidad de dinero, al haberse revelado indebido parte del pago de una tasa porque era aplicable un beneficio fiscal. Transcurridos más de 5 años, el contribuyente insta la ejecución, estimando el tribunal de instancia, mediante auto, la alegación de la Administración afectada, en el sentido de que había prescrito el derecho a la devolución al haber transcurrido el plazo de prescripción. Pero el Tribunal Supremo casa el auto porque la acción de ejecución en vía contencioso-administrativa está sujeta al plazo de prescripción de 15 años que establece el Código Civil en su artículo 1.964, plazo que no había transcurrido en este caso. No resulta de aplicación el plazo de 5 años (4 años en la actualidad) para la devolución de los ingresos indebidos, porque la devolución de cantidades entregadas y el abono de intereses, es consecuencia de un pronunciamiento judicial firme, que no fue cumplido por la Administración tras la anulación de la liquidación girada.

- Resulta también interesante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 26 de julio de 2005, sobre la comprobación de valores en el procedimiento de inspección. Es cierto que la comprobación de valores se realiza en un plazo superior al de seis meses que señala el artículo 23 de la Ley 1/1998. No obstante, este plazo está previsto para los procedimientos de gestión, que en este caso no es aplicable, pues la comprobación de valores se incardina dentro de un procedimiento de inspección, por lo que el plazo de tramitación de dicha comprobación de valores es el previsto para el procedimiento de inspección.

Y finalmente, seguimos a vueltas con la sentencia del Tribunal Constitucional 189/2005, que estableció la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 7/1996, que estableció los coeficientes reductores de las ganancias patrimoniales en el IRPF para elementos adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994.
 
La vigente disposición transitoria novena del Texto Refundido de la Ley del IRPF regula la aplicación de los denominados coeficientes de abatimiento. Dicha disposición transitoria establece que las ganancias derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994 se reducirán de acuerdo con lo dispuesto en la disp. trans. octava de la Ley 18/1991.
 
La citada sentencia del TC ha declarado inconstitucional el Real Decreto Ley 7/1996, que fue el que introdujo en la Ley 18/1991 del IRPF dicha disposición transitoria octava con los coeficientes reductores que ahora se aplican. Aunque la declaración de inconstitucionalidad lo ha sido por cuestiones distintas (la imposibilidad de regular por Decreto-Ley aspectos que afectan esencialmente al deber de contribuir, contraviniendo el art. 86 CE), se plantea entonces la posibilidad de que la remisión normativa que realiza el vigente Texto Refundido de la Ley del IRPF a la disp. trans. octava de la Ley 18/1991 haya quedado vacía de contenido, al declararse inconstitucional y nula la norma que la estableció.
 
Frente a esta hipótesis, la tesis que creemos dominante en toda la doctrina y que entendemos que, casi con seguridad, se va a imponer, es que los coeficientes en cuestión son simplemente porcentajes que en vez de ser reproducidos literalmente en la disposición transitoria novena se incorporan en la vigente norma por remisión a la Ley 18/1991, pero no se acompañan del régimen de cálculo de la renta correspondiente, puesto que en la modificación de 1998 (Ley 40/1998) se reguló de nuevo la tributación de las ganancias de capital, empezando por su propia denominación actual de "ganancias patrimoniales", mientras que en el Decreto-Ley 7/1996 se hablaba de "incrementos y disminuciones patrimoniales" (en la actualidad los coeficientes reductores sólo afectan a las ganancias, no a las pérdidas). En definitiva, la Ley 40/1998 reguló "ex novo" la tributación de los "incrementos y disminuciones patrimoniales" y una pieza esencial de dicha regulación fue el tratamiento de las ganancias derivadas de elementos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994. Por tanto, la aplicación de los coeficientes reductores forma parte esencial del régimen legal vigente de las ganancias patrimoniales y no debería verse contaminada por la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley.
 
Ahora bien, esta sentencia no deja de ser un hito más en el camino hacia la supresión definitiva de este régimen de tributación, por lo que habrá que estar muy atento a las próximas reformas legislativas.