Administrativo y procesal
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y de Regulación del Arbitraje Institucional en la Administración General del Estado y a la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos previstos en el artículo 22.3, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil introdujo una gran novedad en la ejecución provisional de las Sentencias – de aquéllas en que es posible dicha ejecución provisional, que ni mucho menos son todas- que en pleitos civiles dictan los Juzgados en Primera Instancia, cuestión que ya existía, en la anterior Ley de 1.881: la ausencia del anterior requisito de avalar o afianzar el ejecutante provisional el importe que se le señalara, para garantizar los daños y perjuicios que al ejecutado provisional le hubiera supuesto dicha ejecución, para el caso de que su recurso contra la Sentencia prosperara, con la consecuente revocación, total o parcial, de la Sentencia de Instancia provisionalmente ejecutada.