La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2010 viene a reiterar que a las empresas no se aplica la normativa de Consumidores y Usuarios.

La Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE de 2 de marzo de 2010) modifica la regulación comercial minorista para adaptarla a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, y dar así cumplimiento al derecho comunitario teniendo en cuenta el nuevo marco en el que se desarrolla la actividad de comercio al por menor, puesto que estamos ante una economía cada vez más globalizada y liberalizada en la que el mercado de referencia del comerciante es el europeo.

La citada ley viene a incorporar la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2005/65/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE. El objeto de la presente Ley es incorporarla al Ordenamiento jurídico español.

El pasado día 18 de noviembre de 2008, se publicó en el BOE el Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, mediante el cual se han establecido las directrices para la aplicación de las normas sobre precios de transferencia contenidas en el artículo 16 del Impuesto sobre Sociedades.