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Los consumidores ante la subida de los carburantes
Los consumidores deberán oponerse a las conductas oligopólicas de los operadores del sector de hidrocarburos.

Catalina Merino Gabeiras
INJEF.com
cata@injef.com

La subida del Indice de Precios al Consumo correspondiente al mes de agosto se ha situado en el 0,4%, dejando el índice interanual en el 2,4%. Este incremento del IPC no sólo tiene consecuencias negativas para el Gobierno, sino que afecta de forma muy directa a colectivos concretos, tales como pensionistas, asalariados (Convenios Colectivos) y funcionarios. En definitiva, los más afectados siguen siendo los ciudadanos en su conjunto, independientemente del grupo al que pertenezcan.

No acaba de comprenderse cómo estando actualmente el barril a 20 dólares, le cuesta ahora al ciudadano en España el litro de la gasolina más que cuando ese mismo barril valía 35 dólares. La única razón de este fenómeno se encuentra en que el sector energético no se está comportando como un mercado abierto y competitivo, cuyos precios reflejen la lucha entre distintos operadores; sino que, por el contrario, nos encontramos ante un auténtico oligopolio cerrado, que concierta de forma abusiva los precios a imponer a los consumidores. De seguir este modelo funcionando de la misma forma se pueden crear tensiones insoportables para la economía en general y para los ciudadanos en particular.

Las asociaciones de consumidores deberían reaccionar presentando ante el Gobierno y el Tribunal de Defensa de la Competencia las denuncias correspondientes para que se inicien las investigaciones tendentes a esclarecer las conductas oligopólicas contrarias a la liberalización del mercado. Paralelamente el Gobierno debe llevar hasta sus últimas consecuencias la liberalización del sector admitiendo las cooperativas de consumidores e incluso autorizando a las grandes superficies comerciales para que puedan distribuir gasolina. Y en última instancia, si con ello no se pudiera paliar el efecto negativo de las subidas del precio del crudo, habría que plantearse seriamente una rebaja en la recaudación fiscal por parte del Estado. Porque lo único cierto es que el coste en el mercado internacional de los carburantes no justifica el precio de la gasolina que se paga en España por los consumidores.

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