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EL
EMPRESARIO "Acción de oro" y alianza
BBVA-Telefónica José Fernando Merino
Merchán La reciente alianza BBVA-Telefónica está siendo utilizada políticamente como arma arrojadiza en la todavía en ciernes campaña electoral, pero más allá de este coyuntural y estrecho horizonte, se trata de una operación financiera francamente beneficiosa para ambas empresas y para el conjunto de la economía española al crearse una asociación empresarial que optimizará sus recíprocos rendimientos a escala internacional. La participación del BBVA en Telefónica consolida su presencia en los emergentes negocios de banca por Internet, comercio electrónico y medios de pago, entre otros, todo ello a través de una empresa de telecomunicación española. Telefónica por su parte asegura en su capital social un significativo paquete accionarial perteneciente a la primera entidad financiera de nuestro país, asegurándose en el mismo un núcleo estable (10%) que prácticamente blinda al operador frente a bancos extranjeros, ya que no puede olvidarse que la fuerte y exitosa implantación exterior de Telefónica no ha pasado desapercibida a entidades financieras y de comunicación no españolas. Es evidente que a la alianza se le puede plantear algún reparo: la concentración en medios de comunicación. En efecto, entre ambas entidades se controlan participaciones en distintos medios: Sogecable, Antena-3, Canal Satélite y Vía Digital, fundamentalmente. Es lógico solicitar de BBVA y Telefónica que desinviertan hasta lo necesario en estas sociedades de comunicación para evitar sombras de control mediático y para garantizar al ciudadano su derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información veraz. Se insiste en que la alianza se encuentra sometida a la "golden share" o "acción de oro", que no es otra cosa que un más que discutible procedimiento en virtud del cual el Gobierno se reserva el derecho de veto -autorización administrativa previa- en el caso de adquisición directa o indirecta de al menos el 10% del capital social de Telefónica, al haberse sometido esta Compañía al proceso de privatización. Se desconoce si la adquisición real de acciones ha sido del 10 % o del 9,99 %, en cuyo caso decaería el derecho de veto, pero, en todo caso, no parece que se adapte a las exigencias constitucionales de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado ni al Tratado de la Unión este tipo de intervenciones gubernamentales, en la medida que limitan la libre circulación de capitales en el espacio UE, sin que quepa oponer que la "acción de oro" sea un mecanismo de defensa ante posibles operaciones hostiles de compra (OPAS) por parte de otras empresas extranjeras del sector de las telecomunicaciones todavía no privatizadas (caso de Deutsche Telecom y de France Telecom), puesto que precisamente el intercambio de capital entre BBVA y Telefónica, como se ha dicho más atrás, constituye un eficaz antídoto ante esa hipotética amenaza. No existe justificación objetiva para mantener la "acción de oro" en Telefónica en manos del Gobierno hasta el año 2007. Cuestión diferente es que los organismos reguladores independientes del mercado (CNMV o en su caso la CMT) o el propio Tribunal de Defensa de la Competencia, examinen desde la óptica de sus respectivos sectores el impacto de la alianza en ese mercado y en los derechos de usuarios y consumidores. Pero precisamente porque el Estado de Derecho ya posee estos mecanismos de control objetivo material "a posteriori" se hace innecesaria la utilización previa del Gobierno.
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