EL EMPRESARIO
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Privatizaciones y control parlamentario
En muchos casos las empresas privatizadas han seguido manteniendo las ventajas que venían disfrutando con anterioridad, ocupando posiciones de dominio en el mercado y manteniendo los gestores nombrados por las instancias políticas del momento.

José Fernando Merino Merchán
Profesor de Derecho constitucional
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Hasta 1996 el Estado era el principal accionista de los mercados bursátiles españoles al controlar financieramente empresas públicas como Repsol, Endesa, Argentaria, Tabacalera o Telefónica, por no contar nada más que las de mayor importancia. Pero en los últimos cuatro años, el Gobierno ha emprendido una acción liberalizadora sin precedentes en la historia económica española, en un intento de acabar con los monopolios de hecho y de derecho que en algunos casos se remontaban a la primera dictadura. Con estas medidas privatizadoras, el erario público ha obtenido unos ingresos que se cifran en más de 4,6 billones de pesetas.

Son varias las razones que han llevado al Gobierno a la adopción de esas medidas: cumplir con las exigencias del Tratado de la Unión de crear un espacio UE franco a la libre competencia sin restricciones; saneamiento de las finanzas públicas; creación de un extenso núcleo de ciudadanos inversionistas como forma de fomentar y remunerar el ahorro popular, garantizar recursos suficientes para el pago de pensiones y finalmente, liberar a los ciudadanos de unos cánones o tarifas, a veces abusivas, que suponían una pesada carga para las economías domésticas españolas.

Ahora bien, se ha de reconocer que en muchos casos las empresas privatizadas han seguido manteniendo las ventajas que venían disfrutando con anterioridad, ocupando posiciones de dominio en el mercado y manteniendo los gestores nombrados por las instancias políticas del momento. Todo ello ha hecho desconfiar a ciertos sectores de la opinión pública, en particular en lo atinente a la oportunidad de la propia privatización, al precio obtenido por las participaciones estatales o al régimen de remuneración elegido por la nueva clase empresarial instalada en los antiguos monopolios (Vid "Stock options: El plan de incentivos para ejecutivos de Telefónica" en INJEF.com).

Esas medidas discutibles para algunos, han sido utilizadas de forma oportunista durante la campaña electoral que ya toca a su fin, llegándose a proponer por algunos candidatos la necesidad de imponer un canon o tributo a determinadas empresas privatizadas.

Esta propuesta plantearía, de llevarse a cabo, múltiples interrogantes: ¿Desde qué fecha se impondría el tributo?, ¿se aplicaría para todas las empresas privatizadas o sólo para algunas?, y en este segundo caso, ¿sólo para empresas privatizadas desde 1996 o antes de esa fecha?, o, en fin, ¿con qué criterio objetivo se determinaría el hecho y base imponible del tributo? Pero con todo, el problema mayor sería el de la propia legalidad de la medida, analizada desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es un hecho conocido que a las privatizaciones han acudido muchos miles de personas tanto nacionales como extranjeras, que directamente o a través de fondos de inversiones han adquirido acciones en las empresas privatizadas: ¿Cómo se les podría plantear ahora el pago de una exacción?

Particularmente estamos convencidos de la bondad de estas medidas liberalizadoras para la economía española, pero sin perder de vista que los ingresos que hoy se obtienen por las privatizaciones son entradas monetarias que se registran por una sola vez en las arcas del Estado a cambio de dejar de percibir en el futuro dividendos de las entidades rentables vendidas. Ello nos coloca en la tesitura de encontrar un procedimiento objetivo y eficaz que dé trasparencia a todo el proceso privatizador. La propuesta que aquí se plantea sería la de crear en sede parlamentaria una Comisión vigente para toda la Legislatura, que fiscalizara la situación de la empresa a privatizar, que examinase la idoneidad de los gestores a designar, y que adoptase aquellas medidas que fuera conveniente tomar en lo concerniente a las cuestiones que planteasen dudas de compatibilidad con la sensibilidad pública. Esta medida establecería un marco legal de certidumbre ajeno a los reproches políticos e implicaría de lleno al Parlamento en funciones de auténtica dirección política sin necesidad de tener que recurrir a acciones de control a posteriori, como son las interpelaciones gubernamentales, las comisiones de investigación, o el decisionismo gubernamental de la "acción de oro" (Vid. ""Acción de oro" y alianza BBVA-Telefónica" en INJEF.com). La eficacia de estas comisiones parlamentarias radica en ser en sí mismo un espectro político del propio Parlamento y actuar mediante voto ponderado.

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