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EL
EMPRESARIO La posición española en la Cumbre de Lisboa José Fernando Merino
Merchán En la Cumbre de Lisboa que se está celebrando estos días en esa ciudad, los Jefes de Gobierno de la UE pretenderán alcanzar un acuerdo final que no debilite el pacto de estabilidad del euro. La cuestión no es nada sencilla, puesto que se enfrentan dos corrientes antagónicas, no en cuanto al fin, pues todos quieren conseguir el pleno empleo, sino en cuanto a los medios que haya de utilizarse y el tiempo que deba emplearse para alcanzar ese objetivo. Y es aquí donde empiezan las diferencias entre los distintos miembros de la UE, ya que la Comisión Europea ha propuesto como objetivo que en el año 2010 el paro no supere el techo del 3 ó 4 por 100. Francia, Portugal, Bélgica e Italia insisten en desplegar una política económica que combata el paro y la pobreza aún a costa de limitar el crecimiento anual, siendo el caso más llamativo, en este alineamiento, el del país transalpino, que ha llegado a postular que el gasto en inversiones públicas no sea contabilizado como déficit, aunque ello suponga una ruptura de la disciplina presupuestaria asumida por todos los socios como condición inexcusable para defender el pacto de estabilidad del euro. En todo caso, para estos miembros de la UE el crecimiento anual no debería pasar del 3 por 100 (de aquí que se les denomine el "grupo o banda del 3 por 100"). Frente a esas posiciones se encuentran Alemania, Holanda y como veremos España, que se niegan a admitir limitaciones apriorísticas del crecimiento, en la medida que ello pueda suponer cierto grado de relajación en la lucha contra el déficit, ya que sin ello es imposible lograr el equilibrio presupuestario sobre el que se fundamenta el pacto de estabilidad. La cuestión está en cómo conciliar ambas corrientes con el audaz reto lanzado por la Comisión Europea, que va desde la erradicación del paro, el acceso generalizado a Internet y las nuevas tecnologías, la completa liberalización de sectores aún "protegidos" por los poderes públicos, a la lucha contra la pobreza y la marginación, al mantenimiento del sistema de pensiones públicas, pasando todo ello por una bajada de impuestos. Veremos como se desarrolla la Cumbre de Lisboa y qué acuerdos se alcanzan finalmente. Mientras tanto, examinemos cual es la propuesta que aporta España a ese debate. Debe recordarse, ante todo, que si no se producen acontecimientos imprevisibles, España seguirá creciendo en los próximos años por encima del 3 por 100, optándose por una política de fuerte rigor presupuestario, lo que le ha hecho ser creíble como país ante los restantes socios de la Unión Europea, pues no puede olvidarse que ha sido quien más puestos de trabajo netos ha creado en los últimos años. La innovación introducida ahora por España se despliega en tres frentes a los que muy brevemente haremos referencia. En primer lugar, se compromete a culminar en los próximos cuatro años el proceso de liberalización de su economía: suelo, comunicaciones, energía, transportes, aeropuertos, y en fin, los servicios profesionales. En la política de "regularización" del suelo se propone levantar las restricciones impuestas por los poderes públicos a su uso, calificación y afectación, con el propósito de abaratar el costo final de las viviendas y locales de negocio. En el sector eléctrico se incrementará la competencia hasta alcanzar antes del año 2004 la completa libertad de elección por parte del consumidor. También antes de esa fecha se completará la liberalización de los hidrocarburos, aeropuertos-aviación y las telecomunicaciones. En este último ámbito, el Gobierno español va a tomar medidas para incrementar de forma real la competencia en el área de las llamadas metropolitanas (que son las más sensibles para el bolsillo de los usuarios), en la reducción de las tarifas para Internet (tarifa plana), a suprimir las barreras aún existentes para el comercio electrónico (esto último para el año 2001) e informatización de las escuelas (2004). En segundo lugar, y en línea con las propuestas formuladas por la UE, el Gobierno español propondrá avanzar en un "asunto pendiente" desde hace años, el de la reforma del mercado laboral, que ha contado tradicionalmente con la sistemática oposición de los sindicatos. En esta cuestión el Gobierno deberá apostar por una concertación entre las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales, para alumbrar una nueva modalidad de contrato de trabajo de carácter indefinido que sea susceptible de terminar con la precariedad laboral al tiempo que se introduzca un abaratamiento de la indemnización por despido, que pasaría a ser de 20 días por año (frente a los 45 días por año ó 33 días por año en los casos acogidos a las medidas de fomento de contratación estable, según la tímida reforma laboral llevada a cabo en 1997). El nuevo contrato comportaría además una sustancial rebaja de las cotizaciones sociales, pero con todo, el escollo mayor será el de limitar el subsidio de paro. Es conocida la postura de los gobiernos del Reino Unido y de Italia de franca oposición a los llamados "subsidios de larga duración", porque -dicen- "tienden a propiciar el desempleo de larga duración". Según este planteamiento los parados pueden razonablemente esperar una ayuda de su gobierno, pero deben asimilar la idea de que hay que aprovechar las posibilidades de empleo allí donde se creen. En este sentido, el Gobierno español pretende sustituir los actuales subsidios de larga duración por políticas activas de empleo. He aquí otra cuestión que deberá negociarse con los sindicatos. Por último, el Gobierno español pretende acompañar las medidas anteriores con una reducción del IRPF, pasando el tipo mínimo del 10 por 100 al 15 por 100 y el máximo del 48 por 100 al 46 por 100, al tiempo que se incrementarán las deducciones familiares por hijos y el límite mínimo exento para tributar por este impuesto; todo ello con otros retoques de importancia, como es la eliminación del IAE para autónomos y PYMEs. Se ha demostrado que la rebaja de impuestos lejos de perjudicar la recaudación la incrementa por los efectos beneficiosos que produce en la actividad económica.
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