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La concentración ENDESA-IBERDROLA y otras alternativas
El grupo resultante Endesa-Iberdrola pasará a ocupar la tercera posición del ranking mundial por potencia eléctrica instalada con más de 52.000 megavatios, una capitalización bursátil de 6'08 billones de pesetas, y una facturación global de 3'3 billones que afecta a cerca de 37 millones de clientes.
27/10/2000

José F. Merino Merchán

En este mes de octubre que entra ya en su recta final, ha tenido lugar la concentración eléctrica más importante que se ha producido en la UE en los últimos tiempos. El grupo resultante Endesa-Iberdrola pasará a ocupar la tercera posición del ranking mundial por potencia eléctrica instalada con más de 52.000 megavatios, una capitalización bursátil de 6'08 billones de pesetas, y una facturación global de 3'3 billones que afecta a cerca de 37 millones de clientes.

La fusión, de momento, sólo ha sido acordada en sus aspectos financieros y jurídicos por sus respectivos órganos de administración tras una muy laboriosa negociación. Para que esa fusión constituya definitivamente una realidad empresarial pasarán, al menos, todavía seis meses, por ello, en el ínterin, el proceso puede sufrir convulsiones si no se miden bien los pasos a dar y se neutralizan acciones de terceros operadores que han deseado entrar en la operación, como es el caso del grupo Repsol-Gas Natural.

Nos estamos refiriendo, por un lado, a la detallada fiscalización que el proceso de fusión va a sufrir ante el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de Energía. Sólo cuando ambos dictámenes sean favorables concederá el Gobierno la autorización pertinente. Desde esta perspectiva cabe sostener que toda concentración de empresas es un acertado instrumento de integración europea, sobre la que sólo se puede ejercer la interdicción de los organismos competentes cuando se impida la libre competencia o porque se creen barreras de acceso a la entrada de nuevos operadores, o porque, en fín, se impongan condiciones a los ya instalados en ese mercado. Sólo bajo alguna de estas premisas estaría justificado un dictamen negativo por los organismos de control.

Para que lo anterior no ocurra es preciso que las empresas fusionadas redacten un plan operativo que materialice las desinversiones y la distribución de esta segregación por áreas geográficas. Dicho en otros términos, la operación de fusión Endesa-Iberdrola pasa por la liquidación del 39'50% de sus activos, lo que equivale a una desinversión de 15.000 megavatios de generación, hasta alcanzar una cuota de mercado inferior al 50%. En total el valor de las desinversiones podría rondar los 3.000 millones de euros. Si se cumplen estos parámetros, el proceso de fusión no vulnerará las vigentes leyes españolas de competencia en el sector.

Superado ese problema técnico-económico es claro que la necesidad de competir con los grandes operadores japoneses y americanos obliga a que las empresas europeas alcancen una dimensión suficiente. Al tiempo que, precisamente, ese imprescindible proceso de desinversión logrará dinamizar el mercado del sector en España, haciendo aparecer nuevos operadores: la más que probable entrada de Gas Natural, algún grupo internacional (Power) y el reforzamiento por vía de adquisición de sus activos de alguno de los españoles (Unión Fenosa y/o Hidrocantábrico). En definitiva, un panorama saludable para los usuarios finales que se encontrarán ante un mercado más competitivo. Ello sin contar que si Gas Natural entra en el mercado eléctrico, lógico es que Endesa-Iberdrola haga lo propio en el mercado del gas.

Por otro lado, es de señalar que al menor obstáculo que presenten las autoridades de control al diseño de fusión, éste puede verse interrumpido por acuerdo de los propios Consejos de Administración de las dos sociedades, adoptado por mayoría de los dos tercios de sus miembros, según se ha previsto en el Protocolo en el que se plasma el proyecto de fusión. Este punto es muy delicado para el caso de Iberdrola, ya que el acuerdo de fusión sólo contó con el respaldo de 13 de sus 23 miembros (6 en contra -BBVA y BBK- y 4 abstenciones); si bien es justo señalar que los votos en contra de BBVA y BBK no lo fueron tanto a la operación en sí misma como al hecho de no haberse contemplado por Iberdrola la propuesta de Repsol-Gas Natural que, al parecer, llegó a ofrecer 18 euros por acción de Iberdrola frente los 16'8 euros pactados con Endesa.

En todo caso, más allá de las fluctuaciones bursátiles del momento, los analistas consideran positiva la fusión, porque ambas empresas se beneficiarán mutuamente: Endesa culminará un ciclo que la despega definitivamente de las mallas del sector público y abre las puertas hacia su estrategia de crecimiento, con posibilidades de penetración en los mercados centro-europeo y latinoamericano; además de beneficiarse de la presencia de Iberdrola en el mundo de las telecomunicaciones (Brasil). Igualmente esta última empresa, crecerá en el negocio doméstico de la generación eléctrica y se blinda frente a adquisiciones hostiles -de las que ya había sufrido algunos amagos- de terceros operadores ajenos al sector.

Ha sido precisamente esa posibilidad la que ha estado planeando y sigue haciéndolo sobre Iberdrola, lo que no deja de abrir un tercer factor de incertidumbre en el proceso de fusión. En efecto, en caso de que Gas Natural lanzase por medio de Repsol una OPA sobre un mínimo del 25% de alguna de las sociedades, la fusión se vendría a pique. Parece, sin embargo, que el paso de los días enfría esta alternativa; nos atreveríamos, incluso, a decir, que finalmente tal hipótesis no se producirá, por mucho que desde el Gobierno vasco (PNV) y el catalán (CiU) sean partidarios, por distintas razones que no viene al caso comentar ahora, de ejercer la oferta pública de adquisición de acciones sobre Iberdrola.

Entre las razones que aconsejan a Repsol-Gas Natural esta retirada del escenario de la fusión, destacan: 1ª. La posición que ocupan las entidades bancarias. Así el BBVA es accionista significativo de Iberdrola (9'80%) y en Endesa (2'3%), pero también es el principal accionista de Repsol que a su vez controla el 45% de Gas Natural. La Caixa posee el 5% de Endesa, el 25% de Gas Natural y el 10% de Repsol. Por tanto, bajo esta perspectiva lo que menos interesa a esas entidades bancarias es una guerra abierta entre todas las sociedades participadas por ellas. Y ésta es también la razón por la que el BBVA, después de votar en contra del acuerdo de fusión se ha erigido en árbitro componedor de la situación, conocedor de que una OPA hostil generaría un conflicto generalizado que no sólo afectaría al sector eléctrico, sino también a otros campos como el financiero, carburantes, comunicación y gas.

2ª. Política aparte -sobre ésta derivada, véase el lúcido comentario de Jesús Cacho en Nueva Economía-El Mundo, del domingo 22-octubre-2000, "Juego de Patriotas"-, está claro que en un sistema de economía abierta como el que existe en España y que viene impuesto por la UE, no sería ortodoxo lanzar una OPA hostil desde una empresa que aún goza del privilegio del monopolio del gas. Como tampoco sería comprensible que los activos procedentes de las desinversiones resultantes de la fusión fuesen adquiridos por compañías eléctricas extranjeras que tengan aún participación pública. Es esta otra razón que debe sopesarse antes de lanzarse una OPA sobre Iberdrola; por el contrario, deberían abrirse negociaciones para que el grupo Repsol-Gas Natural adquiera activos significativos sobrantes de la fusión que le permitan constituir un nuevo grupo eléctrico que compitiese libremente en el mercado.

3ª. Finalmente, otra razón que avala la tesis para que no se produzca ninguna acción hostil sobre el proceso de fusión ahora iniciado, descansa en el propio interés de los consumidores, ya que si el grupo Repsol-Gas Natural, que ya controla el sector de los carburantes y del gas, adquiriese también el control de Iberdrola, se constituiría una entidad dominante sobre todas las fuentes energéticas activas en España. Estaríamos en presencia de una concentración vertical, con los peligros que ello comporta al introducir una modificación estructural del mercado e implicar alteraciones patológicas en los derechos de los usuarios y consumidores, provocando, seguramente, un gran rechazo social.

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