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La fusión BBV y Argentaria: La necesaria creación de un organismo de control financiero para la zona euro
La noticia económica de este mes y quizá del año ha sido, sin duda, la fusión BBV y Argentaria. La nueva entidad, BBVA, será el segundo mayor banco español por activos y el primero en capitalización bursátil.

José Fernando Merino Merchán
Profesor de Derecho constitucional
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

La noticia económica de este mes y quizá del año ha sido, sin duda, la fusión BBV y Argentaria. La nueva entidad, BBVA, será el segundo mayor banco español por activos (37 billones de pesetas) y el primero en capitalización bursátil (6,2 billones de pesetas), con unos beneficios hasta septiembre de aproximadamente 205.000 millones, controlará el 20% del mercado español de crédito, depósitos, fondos de inversión y de pensiones y dispondrá de más de 7.300 oficinas, de las que casi un tercio están en el exterior, con más de 91.000 empleados y 12,5 millones de clientes.

Bajo el peso de estas cifras, el nuevo banco adquiere proporciones gigantescas para el mercado financiero español, pero no tanto a nivel europeo: es el quinto en el ranking por activos, y el octavo por capitalización bursátil en la zona euro y su papel se diluye aún mucho más en el concierto mundial. Sin embargo, el fenómeno de concentración bancaria nos obliga a formular algunas reflexiones desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos.

La primera sería, como es lógico, la defensa de los usuarios españoles ante esta nueva entidad financiera, ya que la relación entre el BBVA y sus clientes va a realizarse dentro de un marco de distanciamiento y de sometimiento a condiciones generales continuas que deben ser estrechamente vigiladas para evitar el estrangulamiento de la libre competencia, la falta de transparencia y el inadecuado trato que pueda recibir el público en general cuando demande los diferentes servicios financieros. Salvaguardar la libre competencia en el mercado, en particular en lo que se refiere a la pluralidad de ofertas de servicios y su libre acceso en las mejores condiciones, es un bien que debe ser protegido por las autoridades de forma prioritaria, independientemente de la bondad que para el sistema en su conjunto pueda tener este tipo de concentraciones.

Pero lo cierto es que la adopción de acuerdos consciente o inconscientemente entre SBCH y BBVA pueden llegar a falsear o restringir el mercado, bien mediante la fijación directa o indirecta del precio de los servicios o del interés de depósitos y préstamos, bien mediante el simple reparto del mercado. Estas conductas o similares, junto con la tendencia al abuso de posición dominante, deben ser fuertemente fiscalizados.

Tampoco pueden perderse de vista los efectos reflejos que la fusión va a tener en otros sectores considerados estratégicos. Nos referimos al de las telecomunicaciones, eléctrico y de crudos. En el primero de ellos, la unión de fuerzas de BBV y Argentaria le dará una clara posición dominante en el capital de Telefónica: la suma de sus participaciones les proporcionará el control de más del 8% de la operadora, convirtiéndose así en el primer accionista de la compañía. En el eléctrico también se producirá una fuerte concentración. Actualmente el BBV controla el 8% de Iberdrola, y un 3,6% de Hidrocantábrico, mientras que Argentaria tiene un 3% de Endesa. Algo parecido ocurrirá en el sector petrolero. El Ministro de Economía y Hacienda ha venido advirtiendo del peligro que puede plantearse con la presencia simultánea en más de una empresa en estos sectores calificados de estratégicos por parte de una sola entidad bancaria, cuando además participa en su gestión.

Pero la fusión de la que venimos hablando se extiende a otros campos en los que no resulta posible pararse ahora, baste citar el ejemplo del mercado de los brokers, ya que las firmas de bolsa BBV Interactivos y Argentaria Bolsa, se verían aupadas en el segundo puesto de la intermediación en renta fija y variables. Y en fin, no deja de ser preocupante la pérdida de puestos de trabajo a que dará lugar la fusión , sin contar con que se deberá buscar un equilibrio en las condiciones remunerativas de ambas plantillas.

Otra consideración a tener en cuenta a partir de ahora será saber que papel van a jugar las cajas de ahorro en el mercado financiero español. De todos es conocido el componente político de estas instituciones, pero su adscripción local o regional no debería impedir ni su eficiencia como entidades dedicadas a la captación de activos y la administración de recursos ajenos, ni que puedan sobrevivir dentro de una burbuja aisladas de la gran batalla que en su entorno se está librando: será necesario que optimicen su tamaño buscando las alianzas pertinentes. Deberán aceptar también someterse a la misma disciplina financiera que los bancos. Si no es así, carecerán de futuro.

En cualquier caso, la fusión entre el BBV y Argentaria, como en su día la llevada a cabo entre el Santander y el BCH, no es sino el principio de un nuevo escenario cuyo telón apenas empieza a levantarse. Nos estamos refiriendo a que en un plazo no mayor de tres años, se van a producir nuevas fusiones, ahora ya entre bancos de la zona euro con el propósito de disponer de los instrumentos y recursos necesarios para competir en condiciones de paridad con los gigantes japoneses y americanos. Bajo estas premisas ¿dónde situar al usuario? ¿Quién defenderá los derechos de este último en un marco internacionalizado?

Si todo se produce en la línea que aquí se examina, esto es, la creación no ya de grandes bancos nacionales sino de megabancos a nivel europeo e incluso mundial, no quedará más remedio que crear un organismo de control dentro de las instituciones europeas y fuera de la estructura del Banco Europeo, que actúe en defensa de los consumidores y usuarios de la UE, ya que estos sufrirán las repercusiones negativas a las que antes nos hemos referido, pero agravadas por los cruces de capitales en los sectores estratégicos. Ese organismo, que tendría naturaleza independiente, adoptaría la forma jurídica de una Agencia o una Comisión y tendría como finalidad la de vigilar la libertad de mercado y defender los derechos de los usuarios y consumidores con procedimientos ágiles y sencillos. Sólo bajo esta perspectiva el ciudadano europeo se vería favorecido por las fusiones a las que hemos venido aludiendo. En otro caso, sus perspectivas no serán muy halagüeñas.

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